Periodismo ambiental: cada vez más relevante, cada vez más peligroso

Una mujer indígena tikuna en Perú que mantiene su anonimato por temor a la persecución que pueda sufrir por compartir las historias sobre acciones ilegales vinculadas al cultivo de coca en su comunidad. Vanessa Romo, Mongabay
3 mayo 2019
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Por: Alexa Vélez Zuazo – Editora de contenidos de Mongabay Latam.

Aún recuerdo la intensidad con la que Pablo García, ex jefe de la comunidad indígena de Buen Jardín, me contó sobre un enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes en su territorio: “A  las ocho de la mañana hemos escuchado que venían varios  botes, venían disparando, haciendo tiros. Y el otro grupo, los que estaban en el bote, subieron a la comunidad y comenzaron a correr armados, hacia esa casa de allá y los otros disparaban”. El testimonio de Pablo confirma la sensación de impunidad e inseguridad presente en el Trapecio Amazónico, una zona en la que se encuentran las fronteras de Perú, Colombia y Brasil, un espacio que viene siendo copado por los carteles del narcotráfico.

Llegué a la comunidad de Pablo, hace un mes aproximadamente, para escribir una historia para Tierra de Resistentes, un especial que se propuso abordar las amenazas y violencia perpetradas en Latinoamérica contra los defensores ambientales. Habíamos recibido información de que los pobladores indígenas tikuna temían por su vida, ya que en su intento por conservar su bosque habían decidido parar las invasiones de colonos que buscaban conseguir más terrenos para el sembrío ilegal de hoja de coca.

Durante el viaje comprobamos la inseguridad en la zona, la ausencia del Estado y el miedo de los pobladores. La cobertura no solo fue importante por la urgencia de narrar estas historias, sino también porque confirma lo que veo año tras año como editora general de Mongabay para América Latina: cada vez la cobertura ambiental en campo se vuelve más peligrosa para los periodistas que deciden llegar a las zonas más alejadas de sus países.

La deforestación en Buen Jardín, Perú, capturada por un drone. Monitores ambientales de Buen Jardín

Los delitos ambientales se han complejizado, han extendido sus fronteras y se han adaptado al esquema del crimen organizado. En la mayoría de casos, se registran en zonas apartadas, en lugares donde es más difícil fiscalizar a los responsables, donde es un reto poder atraparlos y donde los puestos policiales o de control son escasos. Es en esas difíciles condiciones en las que hoy siguen contando historias clave los más de 30 periodistas que colaboran con Mongabay en toda la región.

Las mafias que operan tras las redes de tráfico ilegal de madera, las que están concentradas en aumentar las plantaciones de cultivos ilegales sin importar si se trata de áreas protegidas, las que financian la minería ilegal que devasta bosques vírgenes y ríos, las que viven del tráfico de especies silvestres que impacta violentamente la biodiversidad, demandan una investigación periodística rigurosa en campo, cercana a las fuentes directas, con la capacidad de darle una voz y rostro a la información que aparece en los mapas satelitales. Tampoco hay que perder de vista a la “deforestación legal”, como la llaman algunos expertos, para referirse a aquella que es promovida a veces desde el Estado, y que le abre las puertas a la minería y a la agroindustria de gran escala, así como a proyectos de infraestructura que difícilmente aprueban los mínimos estándares ambientales. Los periodistas especializados en estos temas, entonces, tienen mucho que informar y también mucho que perder. La mayor parte del tiempo su seguridad está en juego.

Una situación especialmente delicada ocurre con nuestros colegas de Centroamérica. Los periodistas que deben cubrir las amenazas a las áreas naturales protegidas deben lidiar con el hecho de que estas han sido invadidas en parte por el narcotráfico. El avance de la ganadería ilegal sobre ecosistemas muy sensibles es una excusa manejada por las mafias para operar impunemente e instalar pistas de aterrizaje clandestinas para sacar sus cargamentos. Cubrir esas historias en Honduras, Guatemala y Nicaragua representó un enorme desafío para nuestros corresponsales. La serie de historias que se realizó sobre este grave problema obtuvo una mención honrosa en la categoría Periodismo sobre Medio Ambiente Roberto Eisenmann Jr. de los Premios a la Excelencia Periodística 2018 de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), lo que demuestra la calidad del trabajo realizado por los periodistas centroamericanos.

El productor tikuna Pablo García dijo a los reporteros de Mongabay que necesita ayuda del Gobierno para continuar viviendo de forma segura en su tierra. Alexa Vélez, Mongabay

Otro escenario muy difícil para la cobertura ambiental hoy es Colombia. Tras la firma del Acuerdo de Paz entre las FARC y el Gobierno, la lucha por la tierra y la especulación de esta se ha convertido en una de las principales causas de la muerte de decenas de defensores ambientales. Tierra de Resistentes identificó 180 hechos victimizantes en Colombia en diez años (2009-2018). Una situación similar se vive en Bolivia, donde la tala ilegal se ha disparado —un reciente informe la ubica en el quinto puesto de los países más deforestados del mundo en el 2018 (154 488 hectáreas)— y donde el narcotráfico también está presente en áreas protegidas como el Tipnis. Zonas como el Tipnis son lugares casi inaccesibles incluso para las autoridades, pero los periodistas llegan a ellas.

Igual de difícil es evidenciar la existencia de redes criminales que lucran con el tráfico de especies silvestres amenazadas, como es el caso de un barco chino detectado con un inmenso cargamento ilegal de tiburones martillo en el archipiélago de Galápagos (Ecuador), con los colmillos y partes de jaguares extraídos de los bosques de Bolivia con destino a mercados asiáticos, con las guacamayas rojas robadas constantemente de sus nidos en Guatemala, México y Honduras para ser traficadas.

La cobertura periodística ambiental es más importante que nunca, así como el compromiso que debe ser asumido por los medios de comunicación de Latinoamérica para informar y fiscalizar las acciones tomadas por los Estados. El primero de enero de este año, siguiendo esta lógica, un grupo de 25 medios de la región asumió este compromiso al suscribir el editorial: “No estamos haciendo lo suficiente”. La frase nos interpela como periodistas: ¿qué más podemos hacer? “Los periodistas de todo el continente tenemos un compromiso profundo para entender desde la ciencia que el planeta entero debe transitar hacia un modelo de crecimiento y desarrollo diferente”, indica el artículo. Informar sobre los delitos ambientales es más importante que nunca, pensar en la seguridad de los periodistas que cubren esta temática debe convertirse en una prioridad.



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